Las Dentelladas
Por El Tiburón
Hasta antes de octubre de 2002, el artículo 105 de la Constitución de Guerrero decía así: “La Hacienda Pública del Estado será administrada por el jefe del Ejecutivo en los términos que señalen las Leyes respectivas”, pero en octubre del 2002, los diputados de entonces (por ahí les encargo que publiquen los nombres) le agregaron otro párrafo que dice: Todo servidor público o empleado que tenga que manejar fondos, ya sea del estado o del municipio, deberá otorgar fianza en términos de ley.
La Ley de Fiscalización 564 otorgó a la Auditoría General del Estado la competencia para establecer los criterios y montos a que debería sujetarse el otorgamiento de fianzas de los servidores públicos que tengan a su cargo la custodia y administración de fondos públicos, la cual emitió hasta julio del año 2009, siete años después, dichos criterios y montos. Como que no había muchas ganas de echar a andar la reforma absurda.
La AGE, hasta que se le dio la gana, estableció que el monto por el que se deberá caucionar o prevenir estropicios de parte de los que custodian el billete, sería del 4% del presupuesto de egresos de la entidad en cuestión del año anterior, con un máximo de diez millones y un mínimo de 1 millón. Astudillo sacó la calculadora y declaró que el chiste le iba a salir a Chilpancingo como en 750 mil pesos por año. Saque usted un promedio y multiplíquelo por 81 y andará cerca de la cantidad que los diputados acordaron regalarle a las compañías afianzadoras y para amarrar el asunto lo dejaron en manos de un personaje con fama de nefasto, Ignacio Rendón Romero, el Auditor General del Estado. Sólo falta que al rato nos enteremos que alguno de ellos es socio de alguna de las compañías beneficiarias de este acuerdo.
Yo, la verdad, no me imagino cuáles fueron los razonamientos que llevaron a los diputados a acordar una barbaridad como esa. Las leyes del estado establecían perfectamente qué hacer con aquellos funcionarios que se olvidan que los billetes que manejan en sus chambas no son suyos: Tienen que devolver aquellos recursos que no comprueben que lo gastaron de acuerdo con la ley y si no lo hacen deben ir al frescobote. El problema es que hasta ahora no hemos visto que un gobernador se decida en serio a ajustarle las tuercas a los pillos. Hacen como que van a atacar las anomalías, se escabechan a unos cuantos chivos expiatorios y dejan en paz a los peces gordos. En los municipios de la Costa Grande se sabe como han salido algunos alcaldes y también se sabe que los han protegido de tal modo que ahí andan como si nada. La bronca entonces no es la ley, sino que ésta no se aplica.
Todo mundo sabe que la Auditoría General no ha cumplido con su misión; le consta a la gente que muchos funcionarios han salido forrados de billetes y no hemos sabido que se hayan tomado medidas para obligarlos a devolver lo que se “carrancearon”.
Hace poco publicaron una lista de alcaldes y funcionarios sancionados por presuntas irregularidades, pero la verdad es que desde hace años se estila estar amenazando con solicitar acción penal contra alcaldes y funcionarios que no cumplieron, pero por aquí no hemos visto que vaya a la cárcel ninguno de ellos.
A mí se me hace que este asunto de las fianzas es sólo parar engordar el bolsillo de las compañias afianzadoras; implica reconocer que el estado no dispone de ningún mecanismo para recuperar los recursos que en un momento dado pudieran ser malversados.
Usted sabe que muchos alcaldes se han revelado a esta disposición absurda e incluso ha habido amenazas de actuar contra aquellos que no paguen sus fianzas, pero el problema es que los pagos finalmente salen de las arcas municipales, a quien le cobran es al Ayuntamiento.
Aquí es donde queremos ver a los diputados proponiendo alternativas a tan disparatadas decisiones.
